En una primera lectura, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 confirma el compromiso con el cumplimiento de los objetivos de déficit público, con la consecuente voluntad de estabilidad económica y confianza institucional, tanto dentro como fuera de España. Desde el punto de vista de la empresa, el documento responde a las necesidades y expectativas, si bien con ámbitos de particular atención y mejora.

Con mayor detalle, con un crecimiento esperado de los ingresos consolidados del 0,2%, los obtenidos por cotizaciones sociales y cuotas de derechos pasivos ofrecen una previsión de incremento del 6,5%, reflejo del dinamismo previsto en el mercado laboral.
Por su parte, el presupuesto consolidado de gastos presenta una reducción del 0,8%, únicamente con avances en las partidas no financieras de gastos de personal (4,0%) e inversiones reales (3,3%).

Por tipo de política, el 53,5% se destina a gasto social (pensiones, prestaciones por desempleo, sanidad, educación, etc.), el 33,7% a actuaciones de carácter general (transferencias a otras Administraciones, deuda pública, etc.), el 4,8% a servicios públicos básicos (justicia, defensa, política exterior, etc.) y el resto, un limitado 8,1%, a actuaciones de carácter económico (industria, comercio, turismo, pyme, infraestructuras, I+D, etc.), apartado que además experimenta un retroceso en su dotación del 6,6% respecto a 2015.

En este bloque, lo más reseñable es el incremento en el 2,0% en el gasto destinado a políticas vinculadas al comercio, el turismo y la pyme, y en el 2,2% en investigación, desarrollo e innovación, frente al retroceso para las partidas relacionadas con industria y energía, e infraestructuras, del 9,5%, y 2,7%, respectivamente.

En materia de industria destaca el programa de reconversión y reindustrialización (843 millones de euros, un 60,4% más que en 2015). En comercio sobresale el programa de promoción comercial e internacionalización de la empresa (465,4 millones, un incremento del 1,9% respecto a 2015) o el impulso de instrumentos financieros para la empresa como FIEM, FIEX o FONPYME, con 293 millones. Para el apoyo a la pyme se asignan 164,5 millones de euros, con el fin de mejorar su entorno regulatorio, apoyar su expansión exterior y fomentar la innovación y el espíritu emprendedor. Por su parte, la investigación, desarrollo e innovación civil incluye créditos por 5.793,3 millones, un 2,2% más que en 2015, destacando las actuaciones de apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa.

Para el fomento del empleo el esfuerzo es destacable, con un alza del 9,9% en los recursos previstos, sobresaliendo los 120 millones de euros del programa específico para jóvenes desempleados beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Respecto a la dotación de la política exterior, se incrementa un 3,7%, con actuaciones explícitas de apoyo a la internacionalización de nuestras empresas, el análisis de nuevos mercados o la defensa de los intereses de España en foros multilaterales.

Se trata, en definitiva, de actuaciones en la dirección correcta, si bien, a pesar de las reformas emprendidas, nuestra actividad aún permanece excesivamente anclada en actividades y patrones más propios de nuestro pasado reciente. En particular, el vigor exportador se está viendo compensado por el aumento de las importaciones, espoleadas por la demanda interna, lo cual pone de relieve la continuidad de un preocupante hecho estilizado de nuestra actividad. Como consecuencia, la contribución del sector exterior al crecimiento agregado a corto plazo será nula, cuando no de signo negativo. En este escenario, los Presupuestos podrían contribuir en mayor medida a la transformación del modelo productivo.

Con relación al cumplimiento de los objetivos de déficit, no perder la guía de la consolidación fiscal se antoja como requisito imprescindible para apuntalar los fundamentos de la economía española en el contexto global. Si bien el techo del gasto se ha recortado, estimándose un superávit primario para 2016, sería conveniente incrementar los esfuerzos por reducir la deuda pública, aprovechando el previsible incremento de ingresos.

En resumidas cuentas, el proyecto de Presupuestos para 2016 avanza por la vía correcta, si bien sería conveniente un papel más contracíclico, dejando actuar a los estabilizadores automáticos, y con objetivos más ambiciosos en materia de consolidación fiscal. Al tiempo, la actividad empresarial debería encontrar mayores partidas y dotaciones.
En última instancia, el actual proceso de aprobación de los Presupuestos es una oportunidad estratégica para conseguir una política fiscal eficiente y sostenible, como condición necesaria para el crecimiento equilibrado, la creación de empleo, la competitividad empresarial y el futuro del estado de bienestar.