La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España (en adelante, “Cámara de España” o “CCE”), creada por la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación en sustitución del anterior Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, es el órgano de representación y coordinación de todas las Cámaras de Comercio territoriales ante instancias estatales e internacionales.  

La Cámara de España es una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines que se configura como órgano consultivo y de colaboración con la Administración General del Estado, sin menoscabo de los intereses privados que pueda perseguir.  

La Cámara de España, en el ámbito de sus competencias y en especial, en relación a las subvenciones, ayudas públicas y fondos públicos nacionales y europeos, quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.  

Todos los miembros del equipo directivo y el personal de la Cámara de España asumen y comparten este compromiso teniendo entre otros deberes (i) velar por los intereses generales, con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; y (ii) actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. 

Para ello, la Cámara de España ha puesto en marcha medidas eficaces y proporcionadas contra el fraude y la corrupción, basadas en la evaluación del riesgo de fraude o corrupción y un sistema de control para prevenir, detectar y denunciar situaciones que pudieran constituir fraude o corrupción y corregir su impacto en caso de producirse. Esas medidas incluyen un plan antifraude, que le permite garantizar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se van a utilizar de conformidad con las normas aplicables, en particular, en todo lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

El fin último de esta línea de actuación de la Cámara de España es promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, mediante el desarrollo de procedimientos efectivos para responder ante cualquier irregularidad que pudiera producirse. 

 

En definitiva, la Cámara de España tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse. 

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