- El negativo impacto de la crisis sanitaria confirma su extensión generalizada al mercado de trabajo, con una previsión de descenso de los ocupados en el conjunto del año del 8,7 %
- La gravedad de la situación exige seguir apostando prioritariamente por el diálogo y el consenso entre las principales fuerzas políticas, económicas y sociales para adoptar las medidas y reformas para la recuperación y la reconstrucción
Madrid, 28/7/2020.- La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al segundo trimestre de 2020, continúa reflejando los significativos efectos negativos de la pandemia sobre el mercado laboral español.
En lo que respecta al empleo, la destrucción en el segundo trimestre alcanzó a 1.074.000 puestos de trabajo, la mayor caída registrada desde 2013. Con ello, la ocupación desciende un 5,5% con respecto al trimestre anterior y un 6,0% en relación con el mismo trimestre de 2019; mientras que la tasa de empleo se sitúa en el 47,0%, por debajo del 49,8% del trimestre anterior.
Y ello a pesar de que este descenso de la ocupación no incluye a las personas afectadas por un ERTE con suspensión de empleo que, según la metodología de la EPA, se consideran ocupadas. Si se calcula la ocupación a partir de las horas efectivas de trabajo realizadas, cuya caída trimestral alcanzó la cifra record de 22,6%, el número de personas efectivamente ocupadas durante el segundo trimestre cae a 13.901.000, lo que representa el 35,1% de la población de 16 años o más.
En cuanto al número de personas en situación de desempleo, la cifra sube en 55.000 personas en este trimestre, situando la tasa de paro en el 15,3% de la población activa, por encima del 14,4% registrado durante el primer trimestre del año.
Las cifras de paro podrían ser aún más elevadas si incluyeran a todas las personas que han perdido su empleo durante este trimestre, pero que han sido consideradas como inactivas por no cumplir con la definición de paro utilizada en la EPA. Este grupo de personas clasificadas como inactivas por no haber podido buscar empleo a pesar de estar disponibles para trabajar, asciende a 1.062.800 durante este trimestre (843.000 más que en primer trimestre).
Perspectivas
Los datos del mercado laboral confirman la profunda recesión que afronta la economía española, no conocida en la historia reciente. Según las previsiones de la Cámara de Comercio de España, el PIB español experimentará una caída abrupta cercana al 11% interanual en el conjunto de 2020, cifra nunca antes registrada y uno de los descensos más pronunciados de la zona euro. Sin duda, las medidas de contención adoptadas ante la pandemia, junto con la particular estructura productiva o el elevado nivel previo de endeudamiento, determinan la mayor vulnerabilidad de nuestra economía ante la perturbación sufrida.
Una caída en el crecimiento económico que pasará factura sobre el mercado de trabajo, con el intenso descenso de la ocupación que se está confirmando y que la Cámara de España estima en una caída del 8,7% para el conjunto de 2020. Una trayectoria que llevará a la tasa media de paro del ejercicio hasta el 19,2% de la población activa.
La intensidad de los rebrotes en las últimas semanas vaticina un escenario de recuperación aún débil e incierto. Por ello, el diálogo y el consenso entre las principales fuerzas políticas, económicas y sociales debe ser prioritario para adoptar las medidas y reformas requeridas para la recuperación y la reconstrucción.
Se trata del pilar más eficaz para generar la confianza y el ánimo que el tejido empresarial necesita para devolver al país a la senda del crecimiento. Un entorno de seguridad en el que pueda desarrollarse la cooperación público-privada como herramienta para fomentar el crecimiento, la competitividad de nuestra economía y, en definitiva, para impulsar el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos.
En el ámbito específico del mercado laboral, sobre la base de la estabilidad del marco existente, deben aplicarse actuaciones específicas capaces de perfeccionar su funcionamiento. Principalmente, para avanzar en la inclusión de los colectivos con mayores problemas para acceder al mercado de trabajo, como los parados de larga duración, los mayores de 45 años o los jóvenes, así como para reducir la burocracia y los costes vinculados al proceso de contratación laboral, y para mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo.
Y, por supuesto, sin olvidar la necesaria conexión creciente entre el sistema educativo y el ámbito productivo, con una mayor aproximación de los programas formativos de los futuros trabajadores o parados a los requerimientos que demandan las empresas. En todos sus niveles, desde la educación básica, hasta la universidad, la Formación Profesional y la formación continua.