- Cerca de 2.000 profesionales de la abogacía han participado en las ocho sesiones del ciclo formativo organizado por Consejo General de la Abogacía Española y la Cámara de Comercio de España
Madrid, 15/10/2026 – El Consejo General de la Abogacía Española y la Cámara de Comercio de España han celebrado un acto para presentar las conclusiones del ciclo formativo “La responsabilidad penal de la persona jurídica y su cumplimiento normativo”, una iniciativa conjunta que ha reunido a cerca de 2.000 profesionales de la abogacía.
El programa, puesto en marcha en mayo, se ha desarrollado a lo largo de ocho sesiones, con la participación de magistrados, fiscales, académicos y abogados especializados. Durante estos encuentros, se ha ofrecido una visión práctica y actualizada sobre la evolución del Derecho penal empresarial, cómo deben integrarse en la gobernanza de las empresas y en la estrategia jurídica y procesal de la persona jurídica y hacia donde debería evolucionar el sistema español.
Durante la inauguración del acto, el secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, ha destacado la excelente acogida de esta iniciativa, que ha respondido a la necesidad de promover espacios de reflexión y debate sobre esta materia. En este sentido, ha señalado que el compliance “ha dejado de ser una cuestión reservada a especialistas para convertirse en una materia fundamental tanto para el ejercicio de la abogacía como para la competitividad empresarial”.
Asimismo, el secretario general ha señalado que el ciclo formativo ha permitido consolidar un espacio de diálogo público-privado, del que se han extraído las principales líneas de actuación: reforzar la seguridad jurídica mediante criterios técnicos homogéneos para implantar los sistemas de cumplimiento y evaluar su eficacia; reconocer desde las primeras fases del procedimiento a las empresas que acrediten programas eficaces y verdaderamente implantados; favorecer, con las debidas garantías, la terminación anticipada de los procedimientos cuando quede acreditada una auténtica cultura de cumplimiento; consolidar el compliance como elemento estructural de la buena gobernanza, la confianza y la competitividad empresarial, con la implicación efectiva de administradores y directivos, e impulsar la colaboración público-privada para elaborar estándares y recomendaciones compartidos.
A su vez, el secretario general ha subrayado que este ciclo formativo se enmarca en una estrategia más amplia de la Cámara de Comercio de España para fortalecer la cultura de cumplimiento, la integridad y el buen gobierno empresarial, impulsada a través del Grupo de Trabajo de Compliance.
En este contexto, ha puesto en valor el papel del Observatorio de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de España, surgido a partir de los trabajos de este grupo y concebido como un espacio permanente de colaboración e intercambio de conocimiento entre empresas, instituciones, representantes del ámbito jurídico y académico y otros operadores especializados. Su objetivo es promover una cultura de integridad, transparencia y buen gobierno, así como contribuir a mejorar la eficacia de los sistemas de cumplimiento normativo y reforzar la seguridad jurídica de las empresas.
Por su parte, el presidente de Abogacía Española, Salvador González, ha destacado la importancia de la colaboración con la Cámara de Comercio de España, que ha permitido formar a más de 2.000 profesionales, y ha reivindicado el papel esencial de la abogacía en la prevención jurídica y la promoción de una cultura de cumplimiento basada en la integridad, la transparencia y la responsabilidad.
González ha subrayado que cumplir la ley no debe entenderse como una carga burocrática, sino como una inversión en confianza, reputación y seguridad jurídica. “El Derecho es una condición para el desarrollo. La seguridad jurídica es un factor de competitividad. La integridad fortalece los mercados”, ha señalado.
Hacia una mayor seguridad jurídica de las empresas
Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y Alberto Alonso Ureba, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos.
En su intervención, Julián Sánchez Melgar ha destacado que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no deriva automáticamente de la comisión de un delito por parte de una persona física, sino de la existencia de defectos en su organización y en sus mecanismos de control. En este sentido, ha incidido en que lo determinante no es únicamente disponer de un programa de cumplimiento normativo, sino acreditar su eficacia real para prevenir y detectar conductas delictivas.
Por su parte, Alberto Alonso Ureba ha subrayado la importancia del gobierno corporativo y de establecer una distribución clara de responsabilidades, en la que el consejo de administración defina y supervise la estrategia de cumplimiento y la dirección se encargue de su implantación.
Ambos expertos han coincidido en la necesidad de avanzar hacia criterios más homogéneos y previsibles que permitan evaluar la eficacia de los modelos de cumplimiento y reforzar la seguridad jurídica de las empresas. En este contexto, han puesto en valor la elaboración del Código de Buenas Prácticas en materia de Cumplimiento, impulsado desde el Observatorio de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de España, como un instrumento de consenso que aspira a ofrecer mecanismos de actuación consensuados y soluciones para empresas, jueces, fiscales y otros operadores jurídicos, sin sustituir las competencias de las instituciones ni la independencia judicial.
Asimismo, durante el debate se ha destacado la necesidad de adaptar los sistemas de cumplimiento al tamaño y los riesgos de cada organización, especialmente en el caso de las pymes y los grupos de sociedades, así como la utilidad de certificaciones e informes periciales independientes para acreditar su eficacia ante los tribunales.
Como cierre, Julia Durán ha subrayado el valor de la colaboración público-privada para seguir avanzando en una cultura de cumplimiento que combine exigencia, proporcionalidad y seguridad jurídica. Asimismo, ha señalado que el Código de Buenas Prácticas constituye un punto de partida para continuar trabajando en esta materia.
Grupo de Trabajo de Compliance
La Cámara de Comercio de España constituyó en 2024 el Grupo de Trabajo de Compliance para promover una cultura ética empresarial, identificar buenas prácticas y formular propuestas que refuercen la eficacia de los sistemas de cumplimiento. Fruto de los trabajos desarrollados, ha surgido el Observatorio de Cumplimiento, concebido como un espacio permanente de diálogo y colaboración entre empresas, instituciones y operadores jurídicos. El Grupo, presidido por Iberdrola, está integrado por representantes de AENA, El Corte Inglés, Inditex, Técnicas Reunidas, Banco Santander, CaixaBank, KPMG, Mapfre, Enagás y Telefónica.